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DERECHOS HUMANOS

"El olvido está lleno de memoria"

	Amnesty Internacional Argentina Informe Anual 2000 __________________________________ El olvido está lleno de memoria __________________________________ ARGENTINA Se recibieron informes sobre tortura y malos tratos infligidos a detenidos en las comisarías, así como sobre homicidios cometidos por la policía en circunstancias que apuntaban a posibles ejecuciones extrajudiciales. Continuaron las amenazas de muerte y el acoso contra los defensores de los derechos humanos. Un preso de conciencia seguía bajo arresto domiciliario. Las violaciones de derechos humanos cometidas durante el periodo del gobierno militar entre 1976 y 1983, fueron objeto de procedimientos legales tanto en Argentina como en el exterior.

	Elecciones En octubre se celebraron elecciones presidenciales, en las que debían cubrirse además varios escaños de la Cámara de Diputados y algunos puestos de gobernador provincial. El nuevo presidente, Fernando de la Rúa, de la coalición de centro izquierda conocida como Alianza, fue investido en diciembre.

	Brutalidad policial Siguieron recibiéndose informes de tortura y malos tratos infligidos a detenidos por agentes de policía. Las autoridades no remediaron la falta de medidas eficaces que permitieran investigar a fondo las denuncias de tortura. Según datos de la organización no gubernamental Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), la policía cometió más de ochenta homicidios durante 1999. En enero, varios agentes del Destacamento Sur de la Policía golpearon e infligieron lesiones a Juan Manuel Valdés en Villa Gesell, provincia de Buenos Aires. En noviembre, tras una concentración a favor de los derechos humanos celebrada en la Plaza de Mayo de Buenos Aires, unos hombres no identificados arrojaron al suelo y amenazaron con una pistola a la madre de Juan Manuel, Lidia Abineme, activista de derechos humanos que había estado presionando para que se investigase a fondo el incidente. Según parece, en las cercanías se encontraba una patrulla de policía que no intervino en ningún momento. En enero, en Rincón del Medio, unos agentes de la policía provincial de Mendoza detuvieron a Fabián Manríquez, de 18 años, como sospechoso de haber cometido un robo en su propia casa. Según informes, lo golpearon brutalmente y le dispararon varios tiros a los pies. Luego, una vez en la comisaría zonal, le sumergieron la cabeza en agua una y otra vez hasta casi asfixiarlo. Posteriormente lo trasladaron a un hospital local, donde el personal médico presentó una denuncia motivada por el estado en que se encontraba el joven tras las torturas sufridas. Un juez desestimó los cargos contra los agentes, acusándolos en su lugar de apremios ilegales, lo cual les permitió obtener la libertad provisional. Varios miembros de la fuerza de policía fueron procesados y declarados culpables de violar los derechos humanos. En mayo, la Cámara Penal de La Plata, provincia de Buenos Aires, declaró a cuatro agentes de policía culpables de la tortura y la "desaparición" de Miguel Bru, ocurridas en 1993. Tras varios años de obstáculos legales y amenazas de muerte continuas contra Jorge Ruarte, principal testigo del caso, la Cámara Penal condenó a dos agentes a cadena perpetua y a otros dos a dos años de cárcel. Al concluir el año seguía esperándose el resultado de las apelaciones.

	Defensores de los derechos humanos. A lo largo del año, dentro de una nueva oleada de amenazas y acoso contra los defensores de los derechos humanos, varios miembros y abogados de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos Abuelas de Plaza de Mayo y Asociación Madres de Plaza de Mayo recibieron amenazas relacionadas con su trabajo a favor de los niños "desaparecidos" y con las investigaciones legales y los fallos judiciales sobre violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado.

	Violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado En España, Italia y Alemania se iniciaron investigaciones y procedimientos judiciales relacionados con casos de violaciones de derechos humanos cometidas durante el periodo del gobierno militar. En Argentina continuaron las investigaciones sobre casos de niños "desaparecidos". La Cámara Federal de La Plata, provincia de Buenos Aires, prosiguió con sus investigaciones sobre "desapariciones" ocurridas en el pasado en el llamado Juicio por la Verdad, cuyo objetivo es hacer prevalecer el derecho de los familiares de las víctimas a conocer la verdad. España En noviembre, el juez español Baltasar Garzón dictó una orden internacional de detención contra 98 miembros del ejército argentino en relación con las investigaciones iniciadas por la Audiencia Nacional española en 1996. Algunos de los 98 implicados habían formado parte de juntas militares. Entre los cargos que figuraban en el acta de acusación estaban el genocidio, la tortura y el terrorismo. No obstante, el gobierno del presidente Carlos Menem se negó sistemáticamente a colaborar con el poder judicial español alegando que los tribunales argentinos ya se habían ocupado de las violaciones de derechos humanos cometidas en Argentina durante el gobierno militar. Italia En julio, el ministro de Justicia italiano autorizó al Tribunal de Roma a iniciar procedimientos penales contra cinco ex oficiales del ejército argentino acusados del homicidio de tres ciudadanos italianos -Giovanni Pegoraro, su hija, Susana Pegoraro, y Angela Maria Aieta-, cometido durante el periodo del gobierno militar. La decisión de iniciar los procedimientos partió de las investigaciones emprendidas por la justicia italiana en 1983 a raíz de las denuncias presentadas por familiares de italianos presuntamente recluidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), de Buenos Aires, cuya suerte seguía sin conocerse. En otro caso deferente, se dictó auto de procesamiento in abstentia contra siete ex oficiales del ejército argentino en relación con el secuestro y asesinato de siete ciudadanos italianos (hombres y mujeres) y con el secuestro del hijo de uno de ellos, perpetrados durante los años del gobierno militar. El juicio, que debía iniciarse en octubre en Roma, se aplazó primero hasta diciembre, y entonces, tras un solo día, se aplazó de nuevo hasta marzo del 2000. Además, en Italia seguían su curso otras iniciativas legales emprendidas a partir de denuncias sobre violaciones de derechos humanos cometidas contra ciudadanos italianos a raíz de la antigua colaboración entre las fuerzas de seguridad argentinas y las de países vecinos.

	Impunidad En enero, Argentina firmó el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Por primera vez se decidió que un miembro del ejército debía pagar una indemnización por violar los derechos humanos. En agosto, la Corte Suprema de Justicia ordenó a Emilio Massera, ex miembro de la junta militar, pagar una indemnización de 120.000 dólares estadounidenses a Daniel Tarnopolsky, cuya familia "desapareció" en la Escuela de Mecánica de la Armada en julio de 1976. La Decisión de la Corte Suprema de Justicia fue unánime. En el mismo fallo se impuso al Estado argentino se pago de una indemnización de 1.250.000 dólares estadounidenses. En septiembre, la Cámara Federal confirmó la detención preventiva de Jorge Rafael Videla y Emilio Massera, y rechazó el argumento de que su caso ya había sido juzgado y de que el delito, según la ley de prescripción, había prescrito. La resolución de la Cámara Federal sentó un importante precedente al definir el secuestro de menores como delito permanente y al decidir que la ley de prescripción carece de efecto mientras se desconozca el paradero de la víctima. La Cámara ratificó asimismo la legislación internacional al determinar que la desaparición forzada es un crimen contra la humanidad y, como tal, queda dentro del ámbito del artículo 118 de la Constitución, que establece que los crímenes contra la humanidad deben ser juzgados según las leyes del derecho penal internacional. En noviembre, en el marco de un acuerdo de solución amistosa promovido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el gobierno argentino aceptó y garantizó en el caso de Carmen Lapacó, que el derecho a la verdad era imprescriptible. El gobierno se comprometió a introducir legislación que permitiera a los tribunales nacionales defender ese derecho. No obstante, al acabar el año aún no se había presentado la mencionada legislación.

	Preso de conciencia Fray Antonio Puigjané, preso de conciencia detenido en 1989, continuaba bajo arresto domiciliario cumpliendo una condena de veinte años. Fray Puigjané, dirigente del Movimiento Todos por la Patria había sido declarado culpable de participar en un ataque armado perpetrado en enero de 1989. Su condena se había fundado en acusaciones no corroboradas que él había negado.

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