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| Las Naciones Unidas han demostrado ser una organización importante para la vida cotidiana de una enorme cantidad de personas. A través del trabajo que realizan por el desarrollo, el mantenimiento de la paz, el medio ambiente y la salud, la ONU ayuda a los países y a las comunidades a construir un futuro basado en la libertad y la prosperidad. No obstante, el compromiso prioritario de las Naciones Unidas se expresa en la idea de que ningún ser humano pueda ver sus derechos humanos ignorados o violados, sin importar su raza, grupo étnico, religión, sexo o condición social. Esta idea, destacada en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, es la fuente que inspira e impulsa nuestros mayores esfuerzos. Sin el respeto de los derechos humanos de los individuos, ningún país, ninguna comunidad, ninguna sociedad puede ser realmente libre. Por ello, he colocado los derechos humanos de los individuos como el eje de mis esfuerzos por lograr progresos en la constitución de una comunidad de países. Ya sea que esto signifique incrementar el desarrollo, o poner énfasis en la importancia de las acciones preventivas, o en la intervención -inclusive atravesando las fronteras de los Estados- para detener las masivas y sistemáticas violaciones de los derechos humanos, siempre y en todos los casos, los individuos han sido el centro de nuestras preocupaciones. Actualmente, la soberanía de los Estados, entendida en su sentido más básico, sufre una redefinición motivada por las fuerzas desatadas por la globalización y la cooperación internacional. Se admite que los Estados son servidores de sus ciudadanos, y no a la inversa. Simultáneamente, la soberanía individual -esto es los derechos humanos y libertades fundamentales señalados por la Carta de la ONU- ha sido enaltecida por una renovada toma de conciencia del derecho de todo ciudadano o ciudadana de controlar su propio destino. Si bien estos hechos son auspiciosos, no debemos sacar conclusiones apresuradas. Por el contrario, estos hechos exigen de la comunidad internacional la voluntad para aplicar nuevos mecanismos de respuesta de las Naciones Unidas a los siguientes fenómenos: las actuales crisis humanitarias, los medios empleados por la comunidad internacional en situaciones de emergencia y la voluntad para actuar en algunas áreas de conflicto. La necesidad de reflexionar sobre estos temas deriva de los hechos sucedidos en la última década, en particular, los desafíos enfrentados por la comunidad internacional actualmente en Kosovo y Timor Oriental. De Sierra Leona a Sudán, de Angola a Camboya y Afganistán, hay una gran cantidad de personas que necesitan recibir de la comunidad internacional no sólo gestos de comprensión o solidaridad, sino un compromiso real y sostenido de ayudarlos a concluir con los ciclos de violencia y lograr un pasaje seguro a la prosperidad. El genocidio de Rwanda y la masacre de Srebrenica son para nuestra generación un claro ejemplo de las consecuencias de la falta de acción frente a actos de asesinato masivos. El reciente conflicto de Kosovo ha generado fuertes interrogantes sobre las consecuencias de la acción en ausencia de una completa unidad de decisión de parte de la comunidad internacional. Ambos hechos ha puesto al desnudo el siguiente dilema sobre la naturaleza de la intervención humanitaria. Por un lado, la cuestión de la legitimidad de una acción tomada por una organización regional sin el mandato de las Naciones Unidas. Por el otro, el imperativo universalmente reconocido de detener de manera efectiva las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos que tienen graves consecuencias humanitarias. La incapacidad de la comunidad internacional en el caso de Kosovo para unificar dos intereses igualmente apremiantes de la comunidad internacional -la legitimidad universal y la eficacia en defensa de los derechos humanos- debe ser vista como una tragedia. Asimismo, este dilema puso de relieve el desafío central de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional para el próximo siglo: forjar una unidad detrás del principio de que las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos -cualquiera sea el lugar donde se produzcan- no deben ser toleradas. La Carta de las Naciones Unidas acepta la utilización de la fuerza armada sólo cuando el interés común está en juego. Pero ¿Cuál es ese interés común de qué habla la Carta? ¿Quién deberá definirlo y bajo la autoridad de quién? ¿Cuáles son los medios de intervención armada? Estos son los grandes interrogantes a los que nos enfrentamos al ingresar al nuevo siglo. Sólo hay un hecho que es claro: los derechos de los individuos son vitales para el interés común. Hemos aprendido que el mundo no puede permanecer al margen cuando se están produciendo violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos. También hemos aprendido que la intervención debe estar basada en principios universales y legítimos si pretende gozar del apoyo sostenido de los pueblos del mundo. Esta norma internacional en favor de la intervención para proteger civiles de matanzas masivas -que se halla actualmente en desarrollo- seguirá sin duda planteando profundos desafíos a la comunidad internacional. Cualquier evolución en la definición y la comprensión de la soberanía del Estado y de la soberanía de los individuos deberá enfrentar desconfianza, escepticismo, e incluso hostilidad. No obstante, es una evolución que debe ser bien recibida. ¿Por qué? Porque a pesar de todas sus limitaciones e imperfecciones, es un testimonio de que la Humanidad se ocupa más y no menos de su propio sufrimiento, y de una Humanidad que hará más y no menos para acabar con él. Y esto es un signo de esperanza al concluir el siglo veinte
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